Oscar López Reyes
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo darían un golpe demoledor a la institucionalidad democrática, si como Defensor del Pueblo escogen -por ocultas tratativas electorales- a un dirigente político con desbordadas ambiciones de poder, porque se violaría la Constitución (¿acaso un trapillo?) y la Ley 19-01 (¿un papel de celofán?), que crean esta figura, con el agravante de que echarían por la borda la aplaudida decisión de no designar a fanáticos partidarios en organismos especializados, como ocurrió con la Junta Central Electoral (JCE).
Prematuramente -y en agazapadas jugadas rumoradas por íntimos- tres ministros han empezado a promoverse con recursos estatales -uno ha colocado un spot televisivo-, para potencializarse como presidenciales. Y se están postulando a la Defensoría del Pueblo dos voceros fervientes que como diputados DISFRUTARON DEL BARRILITO, y que la castrarían, en virtud de que utilizarían esa instancia como punta de lanza electoral, algo así como un BARRIL más grande que el Faro a Colón. Desde ya están descalificados para intervenir en conflictos, por sus reconocidas banderías prosélitas. Sería peor que asumir la presidencia de la JCE.
En estas improvisadas aspiraciones, y los subsiguientes rejuegos del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, se quebrantan, flagrantemente, el artículo 92 de la Carta Magna, en cuanto a dos vencimientos ya reiterados, y el artículo 11 de la Ley 19-01, que especifica diáfanamente que “El Defensor del Pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario”. ¿Incoará un afectado otro recurso ante el Tribunal Constitucional?
Con solapada “franqueza” y la cara dura, un pretendiente de último minuto “renunció” como jefe de su microscópica organización “popular”, en un engaño a las cámaras legislativas y a la ciudadanía, como aconteció recientemente con un desafiante suplicante a la JCE, que supuestamente “abdicó” de su PRM y después de ser destronado no tuvo la delicadeza de aguardar un tiempecito para pedir su reincorporación oficial.
¿Van a respetar los partidos la Constitución y las leyes? ¿Sí o no? ¿Avanzaremos o no en la ordenación institucional? ¿Seguirán como chabacanos…? ¿Es serio anunciar al país que se ha “dimitido” como jefe de un grupo político, siendo mentira? ¿Si se rechaza a un militante del PRM para la presidencia de la JCE, se hará lo contrario con un aliado efímero e inseguro? ¿Afilaría el PRM un cuchillo contra su propia garganta?
La figura del Defensor del Pueblo ha tenido una larga tradición, y no sería prudente mancharla de un sopetón, violando derechos que está llamado a proteger, como veremos a continuación:
.- 1776: Declaración de Independencia de los Estados Unidos: poder al pueblo y a sus representantes, igualdad de todos los hombres, separación de poderes, libertad de prensa, poder militar subordinado al civil, derecho a la justicia o libertad de culto religioso.
– 1789: Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, durante la Revolución Francesa: «Los hombres nacen y
permanecen iguales en derechos»: derecho a la resistencia contra la
opresión, la libertad de opinión y de
religión, la libertad de expresión o el derecho a la propiedad y la presunción de inocencia.
– 1795: Declaración de los Derechos y de los Deberes
del Hombre y del Ciudadano.
– 1948.- Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros», «sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición». .
La Constitución de 1809 de Suecia creó el primer Ombudsman, designado
por el Parlamento para supervisar cómo funcionarios y jueces aplicaban
las leyes. En 1920 fue instituido en Finlandia, en 1952 en Noruega, en
1954 en Dinamarca, y luego en otras naciones europeas.
En 1982 fue creado en España con el nombre de Defensor del Pueblo. El Ombudsman fue concebido originalmente para supervisar la administración pública, y este concepto fue ampliado como Defensor del Pueblo, para abarcar los derechos y libertades sustanciales.
El de España ha sido el modelo por excelencia de casi todos los países latinoamericanos, que han adoptado distintos apelativos: Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, de los Habitantes, de los derechos humanos y del Ciudadano; Personero del Común; Procuraduría del Común, para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Defensa del Contribuyente; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
¿A quiénes resguardarán los dos propuestos adeptos para Defensor del Pueblo de República Dominicana?
El resguardo institucional de una posición de prima importancia para la validación y cuidado de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos de la República, es sujeto de vigilancia continua de la ciudadania que responde a sus mejores intereses. La moral, decencia e integridad política son requisitos que deben comenzar a demandarse a cualquier aspirante a posición electiva y exigírselo a quienes ya las ocupan. Es ahí, cuando más se necesitan los movimientos cívicos no partidarios, libres de toda influencia que no sean la del bienestar común.