Precedentes electorales

por Luis Eduardo Díaz Franjul
El primer precedente electoral, en este caso de carácter moral, es la participación de la Cámara de Cuentas (CC) en la fiscalización del financiamiento de la actividad política que incentiva la Ley Electoral No.275-97, si tomamos en cuenta las motivaciones de la sociedad civil, medios escritos y digitales y la ciudadanía en general, independientemente de las revelaciones que la CC y el PEPCA pudieran exhibir, si no olvidamos que la política vernácula se ha convertido en una de las industrias oligopólicas más próspera y poderosa que controla los poderes públicos, si ponemos los pies sobre la tierra y profundizamos en el choque del huevo contra la piedra.
 
El segundo precedente electoral es de carácter financiero, el cual todavía no tomo en cuenta debido al control de los poderes públicos de parte de la clase política. La desigual distribución de recursos entre los partidos reconocidos por la JCE inclina la balanza electoral no tanto de un lado para otro, o de allá para acá según encuestas entre cuatro paredes, sino a causa de la marcada influencia o control del voto según recursos distribuidos, lo que sumado a fondos individuales o privados de origen dudoso (incluyendo corrupción) le dan la razón a Dios cuando dijo: «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra». Este método de financiamiento tiene que cambiar. (Ref./Google: «Ley de partidos y el voto» – «Transparencia dominica»).
 
Precedentes de esta naturaleza, entre otros que citaremos más adelante, contribuyen al desmonte o desaparición de una vieja práctica de partidos políticos reconocidos por la JCE llamada «Alianzas Políticas Estratégicas». Esto así porque se trata de una práctica aberrante basada en la máxima expresión de las mieles del poder como caldo de cultivo de todo aquello que engendra el continuismo o dictadura populista y clientelista con ribetes de redención o mesianismo. Viendo así las cosas estaríamos ante la presencia del tercer precedente electoral de carácter político con la finalidad de desmontar las «Alianzas Políticas Estratégicas» para ver si de una vez por todas respiramos aire puro…»y el que perdió perdió».
 
Si la JCE es incapaz de estructurar su presupuesto regular y electoral (Diario Libre – 11/3/2016) no es de extrañar un nuevo endeudamiento en un país «blindado» por una alta dosis de deuda pública, subsidios, déficits fiscales y cuasi fiscales, lo que abre las puertas al cuarto precedente electoral, en este caso de carácter económico, no tanto para reformar la actual ley electoral o crear una nueva ley de partidos, sino para convertir la clase política en clase vigilante de la gestión pública que garantice la independencia política, financiera y económica de la República Dominicana, lo que sería pedir peras al olmo si notamos los pareceres de la justicia, CC, PEPCA, Contraloría y de todo aquello relacionado con la defensa de nuestra soberanía.
 
El reciente precedente electoral (marzo, 2016), en este caso de carácter publicitario, es fruto de las motivaciones de la sociedad civil, medios escritos y digitales, asociaciones empresariales (AEIH), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB), la oposición de algunos partidos políticos y la ciudadanía en general, lo que convierte la suspensión de la publicidad gubernamental en el quinto precedente electoral de forma y no de fondo, siempre y cuando se erradique la práctica de financiar las elecciones con recursos públicos no contemplados en la ley o con fondos individuales o privados de origen dudoso, incluyendo al corrupción administrativa, vistos como ingredientes o componentes de la histórica falta de transparencia electoral que se observa desde 1966 a la fecha.
 
Antes de señalar el sexto y último precedente electoral quiero adornar el presente artículo y otros futuros con el siguiente comentario. Es un imperativo transparentar los componentes del Presupuesto General del Estado tomando en cuenta todo aquello que lo rodea: impuestos directos e indirectos, empréstitos y donaciones internacionales, bonos soberanos o globales, oficinas recaudadoras, municipios e instituciones sectoriales que forman parte del Sistema Nacional de Inversión Pública; los beneficios de las «Empresa Públicas de Bienes y Servicios – Financieros y No Financieros» y todo tipo de ingreso o tasa, como por ejemplo el peaje de carreteras y los US$95 dólares por pasajero que entra y sale del país, según Eurocámara.
 
De acuerdo con Eurocámara unos 5.5 millones de turistas visitan República Dominicana, para un ingreso de US$522.5 millones anuales, es decir, US$2,090 millones cada cuatro años, si las cifras no varían y según mis cálculos. Si el lector tiene cerca un lápiz que le saque punta y multiplique ese monto por 45 para ver cuántos pesos son. Para evitar que se me tilde de especulador remito al lector mi artículo publicado en el Listín Diario de fecha 23/1/2009 titulado «Presupuesto e inversión en obras turísticas». De igual manera «Tasas aeronáuticas: Mitur Vs IADC», publicado en la prensa digital. En ambos señalo como se originan y distribuyen los recursos provenientes de tasas aeronáuticas según leyes y decretos turísticos.
 
En principio el Ministerio de Turismo (Mitur) fue excluido de los gastos publicitarios gubernamentales, en este caso «la publicidad en el exterior del país como destino turístico». En fecha 24/3/2016, es decir, un día después de los US$95 dólares señalados por Eurocámara, Mitur decide suspender «de manera inmediata la colocación de toda publicidad contratada por parte de empresas y/o personas físicas, y que mantienen contratos con este Ministerio, la cual incluye prensa escrita, radio, televisión, internet y vallas publicitarias, vigentes a la fecha». Esto hay que diferenciarlo de las oficinas de turismo en el exterior y la participación del país en ferias turísticas internacionales…entre otros, como obsoletas prácticas burocráticas de promoción turística donde los fondos del presupuesto y las tasas aeronáuticas se confunden en desmedro de una real «publicidad en el exterior» de mayor efecto multiplicador de lo que ahora vemos.
 
 
Estamos pues ante un cúmulo de ingresos y tasas que rodean el Presupuesto General del Estado donde aparte de lo monetario se refleja una práctica aleatoria fuera y dentro de épocas electorales donde organismos e instituciones del Estado hacen uso de sus facultades en aspectos que bordean horizontes de clientelismo y populismo, como por ejemplo aquellos logros cacareados por  «Empresas Públicas de Servicios Financieros», la entrega de 20,078 títulos de propiedad definitivos a personas que ocupaban tierras del Estado de manera ilegal (74,000 M2), al igual que la intención de Salud Pública y Senasa de incluir más de medio millón de personas en el Seguro Familiar y el régimen Subsidiado. Finalmente, el aumento del salario público por presión de los sindicatos del Estado, para solo señalar algunos casos.
 
En otras palabras, si queremos tener elecciones diáfanas y transparentes, el sexto precedente electoral, en este caso de carácter patriótico, sería publicar mensualmente en los medios escritos los ingresos y egresos del Presupuesto General del Estado (partida por partida), como era la práctica en la segunda mitad del siglo XX. Debido a que este último precedente coincide con el cuarto precedente electoral puedo decir sin temor a equivocarme que el patriotismo del presente siglo le queda chiquito al patriotismo de la segunda mitad del siglo XX. Resumiendo: «La ausencia de patriotismo, la histórica falta de transparencia electoral y la corrupción e impunidad son los grandes males que arrastra la democracia dominicana en el siglo XXI».
 
 
eduardofranjul@yahoo.com
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