POR EFE
SAN JUAN. El Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico denunció hoy que continúan los presuntos abusos cometidos por parte de las autoridades policiales de la isla contra miembros de la comunidad dominicana, lo que incluye detenciones ilegales y abusos físicos.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que los abusos no han cesado, además de pedir que se ponga fin al acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de la isla para mejorar el tratamiento a la colonia extranjera, en especial la dominicana.
La Justicia federal presentó en 2012 una demanda contra la Policía de Puerto Rico por la violación de derechos fundamentales a miembros de la colonia dominicana, aunque un acuerdo con el Departamento de Justicia local permitió su retirada a cambio de un proceso de reforma de las fuerzas de orden locales, actualmente en marcha.
Rodríguez explicó que el acuerdo no sirve para nada al no cumplirse, pero que, sin embargo, sirvió para la retirada de la demanda, tras recordar que había quedado establecido que las autoridades puertorriqueñas no podían llevar a cabo detenciones, tarea que queda reservada a las autoridades federales.
«Es una burla la susodicha reforma de la Policía. Aquí hay un perfil de la nacionalidad y la mezcla de su color de piel. Con decir que estamos entrenando cadetes no es suficiente. Esos policías son las manzanas podridas de la calle», agregó Conde.
La reforma de la Policía local se puso en marcha tras el acuerdo judicial alcanzado entre el Gobierno y la Justicia federal a raíz de un informe de 2011 de la Unión Americana de Libertades Civiles que denunciaba que entre 2005 y 2010 casi 2.000 agentes de la Policía local cometieron delitos de distinta índole.
Uno de los casos denunciados en la rueda de prensa fue el de la puertorriqueña Rebeca Dones, esposa del dominicano Jorge García, quien relató que el pasado 6 de febrero irrumpieron en su casa agentes de la Policía sin una orden judicial.
Dones explicó que los policías rompieron varios candados de su casa hasta llegar a su cuarto, donde le preguntaron por una mujer que no conocía y su marido, ausente en esos momentos.
La mujer, que dijo ser una practicante de la santería, contó que uno de los policías utilizó además lenguaje soez.
Otro de los casos, relatado esta vez por Rodríguez, fue el del albañil dominicano Pedro Ozuna, quien tras una discusión familiar y agarrar un machete fue controlado por el agente Armando Bruno, que le disparó en el momento de su arresto.
Según Rodríguez, Ozuna no fue llevado a un centro hospitalario sino directamente a la cárcel, donde aún permanece preso por obstrucción a la Justicia.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que los abusos no han cesado, además de pedir que se ponga fin al acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de la isla para mejorar el tratamiento a la colonia extranjera, en especial la dominicana.
La Justicia federal presentó en 2012 una demanda contra la Policía de Puerto Rico por la violación de derechos fundamentales a miembros de la colonia dominicana, aunque un acuerdo con el Departamento de Justicia local permitió su retirada a cambio de un proceso de reforma de las fuerzas de orden locales, actualmente en marcha.
Rodríguez explicó que el acuerdo no sirve para nada al no cumplirse, pero que, sin embargo, sirvió para la retirada de la demanda, tras recordar que había quedado establecido que las autoridades puertorriqueñas no podían llevar a cabo detenciones, tarea que queda reservada a las autoridades federales.
«Es una burla la susodicha reforma de la Policía. Aquí hay un perfil de la nacionalidad y la mezcla de su color de piel. Con decir que estamos entrenando cadetes no es suficiente. Esos policías son las manzanas podridas de la calle», agregó Conde.
La reforma de la Policía local se puso en marcha tras el acuerdo judicial alcanzado entre el Gobierno y la Justicia federal a raíz de un informe de 2011 de la Unión Americana de Libertades Civiles que denunciaba que entre 2005 y 2010 casi 2.000 agentes de la Policía local cometieron delitos de distinta índole.
Uno de los casos denunciados en la rueda de prensa fue el de la puertorriqueña Rebeca Dones, esposa del dominicano Jorge García, quien relató que el pasado 6 de febrero irrumpieron en su casa agentes de la Policía sin una orden judicial.
Dones explicó que los policías rompieron varios candados de su casa hasta llegar a su cuarto, donde le preguntaron por una mujer que no conocía y su marido, ausente en esos momentos.
La mujer, que dijo ser una practicante de la santería, contó que uno de los policías utilizó además lenguaje soez.
Otro de los casos, relatado esta vez por Rodríguez, fue el del albañil dominicano Pedro Ozuna, quien tras una discusión familiar y agarrar un machete fue controlado por el agente Armando Bruno, que le disparó en el momento de su arresto.
Según Rodríguez, Ozuna no fue llevado a un centro hospitalario sino directamente a la cárcel, donde aún permanece preso por obstrucción a la Justicia.
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