JUSTICIA Y TRANSPARENCIA: Presenta sondeo 2do. año Danilo Medina

JUSTICIA Y TRANSPARENCIA (FJT) PRESENTA SONDEO DE OPINIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA
Presidente-Danilo-Medina
ESTUDIO ARROJA MÁS DE UN 75% DE APROBACIÓN PARA EL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y MAYORIA PIDEN CAMBIO EN EL COBIERNO
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), con la asesoría técnica de la firma encuestadora “Estudios Sociales y de Mercado S.A.” (ESOMERSA), realizó durante los primeros doce días (12) del mes de agosto del presente año, un estudio denominado como Sondeo de Opinión y Percepción sobre la Valoración del segundo año de Gestión Gubernamental del Presidente Danilo Medina.
El estudio abarcó las 16 principales provincias, en las que se concentran más del 75% de la población dominicana, a saber, el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, la Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Nagua, Samaná, San Pedro de Macorís, Higuey, la Romana, Bani, San Juan de la Maguana, y Barahona. Se tomaron como muestra 2,500 encuestas personales, divididas en 1,000 encuestas directas mediante cuestionario y el resto, unas 1,500 muestras, vía medios electrónicos, en conjunto con estimación de 5% de margen de error. Las muestras presenciales recogieron e integraron elementos y características que la hacen representativa de la población dominicana, tomando en consideración para la selección de los porcentajes, el sexo, el segmento de edades, la ocupación y la clase social a la que pertenecen, a partir de los datos reflejados en el último censo nacional de población y vivienda realizado en el país.
La investigación tuvo como objeto recoger y cuantificar opiniones en relación a las diversas ejecutorias gubernamentales durante el segundo año de gestión gubernamental del Presidente Medina.
Trajano Potentini, presidente de la entidad, presentó en rueda de prensa celebrada en el local de la FJT el estudio referido, donde explicó que, en términos generales, la encuesta arrojó como datos relevantes una aprobación de un 75.6% por parte de la población dominicana para el segundo año de gestión del presidente Medina. Sin embargo, el resultado se considera paradójico, dado que contrasta con una aprobación de apenas el 40.9% para el desempeño de los funcionarios de su gobierno, y de 50.3% para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En todo caso, a juicio de Potentini, se trata de un balance positivo para el Presidente Danilo Medina, por segundo año consecutivo.
Resaltó igualmente que para el 70.7% de la población el Presidente Medina debe relanzar su gobierno, haciendo cambios en su gabinete.
I. INSTITUCIONES MEJOR VALORADAS
El estudio comprobó que algunas instituciones públicas tienen alta estima pública, por diferentes razones, ubicándose entre ellas el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Obras Públicas, la Junta Central Electoral, el Seguro Nacional de Salud, la Liga Municipal y el Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno.
Es constante que la aprobación de esas instituciones se relaciona con el efecto que algunas de sus decisiones han tenido de cara al público nacional, oscilando de acuerdo a la importancia de los temas tratados y sus repercusiones mediáticas. Por ejemplo, la destacada participación en la defensa del patrimonio medioambiental, la defensa de la nacionalidad y otras sentencias relativas a tutela de derechos fundamentales, como las números 167/13 y 168/13, ha fortalecido e impactado positivamente en la percepción pública sobre el Tribunal Constitucional, como también la expansión del servicio y la entrega de la nueva cédula de identidad ha redundado en un mejor posicionamiento relativo de la Junta Central Electoral en los últimos meses. En el  mismo sentido opera la tecnificación de las oficialías del Estado Civil.
Otro ejemplo interesante es la valoración positiva de la Liga Municipal Dominicana, el Seguro Nacional de Salud. De estas instituciones se valora públicamente el acompañamiento que como órgano asesor de los ayuntamientos viene realizando en todo el país, su participación en la resolución de diferentes problemas, la cobertura de salud a pesar de las limitaciones tradicionalmente reseñadas del sistema público en esa área y, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, los programas de seguridad vial y otras ejecutorias de pequeñas obras, entre ellas de pavimentación.
II. INSTITUCIONES CON LOS NIVELES MÁS BAJOS DE VALORACIÓN.
De otro lado, algunas instituciones han confrontado tan decisivamente los anhelos populares que su percepción institucional es extraordinariamente negativa. Entre ellas se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Minería, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), en parte debido a las frecuentes denuncias de ineficiencia y corrupción que se hacen en ese entorno administrativo, como también ocurre, y de manera alarmante, con la justicia penal. En este sector se ubican, a fines del estudio, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Judicatura. Estas instituciones mantienen fuertes tasas de rechazo a sus gestiones, elevándose ese rechazo conjunto (como “justicia penal”) a un 68.1% de los entrevistados.
No ayuda en lo absoluto el papel desempeñado por la Suprema Corte de Justicia, que ha cedido protagonismo institucional al Tribunal Constitucional por razones atendibles, pero que no ha podido tampoco suscitar apoyo nacional porque no ha sancionado con efectividad ni tramitado satisfactoriamente múltiples denuncias de irregularidades en el sector judicial.
Otras instituciones con tasas de rechazo superiores al 64.3% son el Tribunal Superior Electoral y la Dirección General de Aduanas, la primera ante las denuncias de parcialidad de que ha sido objeto, y la última en la picota por su reciente decisión de cobrar impuestos a las compras por Internet.
III. SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN CANDIDATURAS
El 69.4% de los encuestados rechazaron la participación en actividades proselitista y de candidaturas políticas, de aquellos que desempeñan altas funciones públicas en el gobierno, unos favoreciendo que sean cancelados de sus puestos (42.7%) y otros que renuncien (34.2%) o tomen licencia (23.1%), por considerar, entre otras razones, que utilizan los recursos del Estado en provecho propio, incurriendo en diversas prácticas tales como el clientelismo, el tráfico de influencia y la compra de conciencia.
IV. ASPECTOS MEJOR VALORADOS DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL.
A) Inversión en la educación y programas en ejecución
Resalta como punto clave, obteniendo la más alta valoración por los consultados a la gestión de Medina, sus ejecutorias en el plano educativo y en el plano de las visitas a comunidades apartadas para entrega de recursos y organización de la producción agropecuaria.
No existen dudas de que el “buque insignia” del actual gobierno sea el sector educativo, en el cual se realizan importantes inversiones en construcción de edificaciones y se impulsan acciones y programas tendentes a mejorar el sistema educativo nacional, sobre todo el consenso, firma y suscripción del “Pacto Educativo”, el anuncio de la “Tanda Extendida”, y la ejecución del “Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo”.
B) La inversión y atención al sector agropecuario y las visitas sorpresas
El estudio refleja al decir de los entrevistados, que el gobierno ha tenido en el plano agropecuario un buen desempeño, sin dudas uno de los puntos luminosos en la gestión de Medina, acompañando de las inversiones y visitas sorpresas a las comunidades más apartadas y olvidadas por los gobiernos, llevando financiamiento directo al campo y en contacto cara a cara con las comunidades, asistiéndoles en diversas necesidades y logrando una percepción de ser un hombre que escucha, de un trato afable, sencillo y humilde.
C) El desempeño y manejo de la economía
En general, la percepción mayoritaria es que la economía dominicana durante el último año ha tenido un desempeño aceptable aunque subsisten críticas atendibles, citándose como algunas de las variables preponderantes el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de la tasa del dólar, el apoyo a la micro y mediana empresa y el crecimiento económico, aun cuando muchos de los entrevistados coincidieron en criticar y señalar como retos para la democracia la redistribución de la riquezas y la racionalización del gasto público.
D) Otros aspectos positivos en el plano social
Asimismo fue coincidente la percepción de los dominicanos en calificar y valorar como positivo la implementación del sistema de emergencia 911, la implementación de políticas sociales desde los diversos programas que lleva a cabo el gobierno dominicano desde el gabinete de políticas sociales.
Algunos de los mecanismos implementados por el gobierno central para controlar el gasto publico tienen un respaldo importante en los sectores consultados, cuando menos porque se solidarizan con esos intentos. Al respecto se cita la emisión del Decreto No. 499-12 para la racionalización del gasto público, pero otros menos conocidos por la población, y por eso sin presencia decisiva en los cuestionamientos realizados, son también muestras eficientes y objetivas de esfuerzos gubernamentales por mejorar la organización y el uso del dinero público, como la Cuenta Única del Tesoro y la eliminación de las duplicidades de nóminas del Estado.
V.        ASPECTOS NEGATIVOS
En diferentes estudios realizados la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la violencia criminal o social y el papel de las autoridades represivas son los elementos más criticados y peor valorados de las ejecutorias gubernamentales.
Para el 81.2% de los entrevistados la situación de violencia y criminalidad es preocupante, tanto que amerita acciones urgentes y justifica acciones decisivas de las autoridades, a juicio de un porcentaje importante de los entrevistados, siempre que se haga respetando el marco de las garantías jurídicas. Pero en más del 74% de los casos, se atribuye a la “justicia”, sin que necesariamente se identifiquen instituciones o se particularice en las personas que las dirigen, el deber de mejorar la aplicación de sanciones para que tengan el efecto deseado.
No contribuye en lo absoluto a una mejor imagen y percepción pública de las autoridades judiciales el asunto de la corrupción y la impunidad, temas recurrentes, de hecho omnipresentes en la conciencia ciudadana.
La percepción de los dominicanos sobre el tema corrupción se traduce en frustración y la creencia de que en el país opera una cultura de impunidad extendida, no se advierte una voluntad política firme para castigar la corrupción a pesar de las denuncias constantes, incluso recientes sobre actos de presunta corrupción, hasta el momento no se observen avances o acciones en este sentido. Pese a la indudable importancia de este tema no aparece como una variable significativa en las preocupaciones de los dominicanos, diferente a más de un 74% que opino que los principales problemas son la migración haitiana, la crisis económica y la inseguridad ciudadana.
Principales escollos en la lucha anti-corrupción.
Resalta en el país, tal como se comprobó en el estudio, una evidente falta de institucionalidad que se traduce en el irrespeto a las leyes y a la Constitución, que no logra permear la conciencia nacional. La débil o deficiente voluntad política para perseguir y combatir la corrupción y la rampante impunidad, hacen imposible éxito alguno en contra este flagelo que amenaza incluso la propia gobernabilidad del país.
También es notoria la inercia de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, instituciones que deben avocarse con urgencia, en opinión de Potentini, a ejecutar un plan de re-estructuración tal como el que se propone en la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC), para contar con el elemento humano indispensable para realizar las auditorías a las instituciones públicas, lo cual resulta absolutamente necesario para asegurar el mejor uso de los fondos públicos.
No obstante los problemas que persisten en cuanto a la corrupción pública, cabe destacar esfuerzos burocráticos, legislativos y administrativos, la reciente promulgación de la ley de declaración jurada de bienes y el seguimiento a la iniciativa de gobierno abierto que reciben amplio respaldo popular.
Retos
Los datos reportados por las personas entrevistas, en todo el territorio nacional, revelan consistentes preocupaciones sociales sobre la criminalidad, la delincuencia, las deficiencias de la justicia, el papel de las fuerzas de seguridad, la permanencia en el cargo de ciertos funcionarios (a pesar de que algunos hace décadas que ocupan sus puestos.
Es también una preocupación nacional, evidenciada en el tipo de respuestas ofrecidas a las preguntas de la encuesta, el hecho de que las inusuales visitas presidenciales a comunidades apartadas dejen de realizarse, o que no se amplíen. En varias provincias, sobre todo en Santiago y otras ciudades del Norte del país, es un reclamo constante que el Presidente “se dé una vueltecita” por comunidades que esperan la solución de problemas muy variados.
No obstante lo positivo que pueda resultar, se teme que esas visitas presidenciales se conviertan en un remedio para la ineficiencia de los funcionarios designados para resolver esos mismos problemas, sin que se dignen hacerlo hasta que el Presidente no lo disponga.
El deterioro de las cuentas gubernamentales es sin dudas un reto importante que debe ser enfrentado, a la vista de los extraordinarios volúmenes de dinero que se requieren para cubrir el sector energético y el pago de la deuda externa, que inciden sin duda en la percepción pública sobre el estado general de bienestar de que disfrutan las personas y que en un futuro cercano, dada la restricción de fondos, podría significar una disminución notoria de la popularidad presidencial.

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