
Lo cierto es que luego de derrocado José María Cabral y dos años después, en 1868, cuando Buenaventura Báez accede la Presidencia, Hatch, asume en una actitud de franca “rebeldía” y oposición tenaz contra el caudillo Báez. El poeta Pedro Mir, achaca su postura al conocimiento que tenía de los más íntimos secretos de las negociaciones de Báez para anexionar al país (ver Pedro Mir “Noción de período en la historia dominicana”), pero a ciencia cierta, esa malquerencia ó enemistad profunda de Hatch contra Báez nadie conoce los detalles. Davis Hatch se involucró, aparentemente, en la llamada “Guerra de los seis años” apoyando logísticamente a las tropas de los generales José María Cabral y Gregorio Luperón.
En 1868, Davis Hatch fue apresado por primera vez por el gobierno de Báez en la ciudad de Barahona, por alojar durante un tiempo en su residencia al General Cabral y su alta oficialidad, pero liberado con la promesa que “ni directa ni indirectamente, no intervendrá, ni se mezclará, en los asuntos políticos de este país”. Pero a los pocos meses, en 1869, fue apresado y acusado por un Consejo de Guerra baecista de brindarle apoyo logístico al general Cabral cuando este asaltó y ocupó la ciudad de Azua. Entre las evidencias presentadas en su contra estuvo la incautación en su residencia de Barahona de cartuchos y cajas de pólvora.
El gobierno de Báez sentenció a Davis Hach a la pena capital ( Mu-Kien Adriana Sang en su libro “Buenaventura Báez, el caudillo del Sur: 1844-1878” en las paginas 133 y 210 revela la presencia de Hatch en la cárcel de Azua), y le embargó todos sus bienes, por consiguiente, se le anuló el contrato de explotación de las minas de sal que le había concedido Cabral en Las Salinas y la instalación de la vía ferroviaria Barahona-Neiba. Por presiones de EEUU, el caudillo Buenaventura Báez liberó a Hatch en 1870, pero le obligó a retornar a su país en calidad de exilio.
La defensa asumida por el gobierno de Báez frente a las denuncias de crueldad humana y violación de contrato por parte del Estado Dominicano realizada por Davis Hatch, estuvo basada en que el inversionista mintió al alegar que había descubierto las minas de sal en Las Salinas y que el gobernador de España le hubiese otorgado derecho de explotación, acusándolo de haberse confabulado con José María Cabral, para realizar una “expoliación escandalosa” de ese recurso minero de la familia Cerrero o Ferrero.

Ya con Buenaventura Báez fuera de la presidencia y debido a las presiones de los Estados Unidos y de los tribunales de ese país, el presidente Ignacio María González restituye el 7 de octubre de 1874 el contrato de concesión de explotación de las 8 minas de sal gemma en Las Salinas y la construcción de la vía ferroviaria a David Hatch, esta vez otorgándole un plazo de un año para el inicio de las obras y los derechos por cincuenta años para explotarla, contrato que hasta Báez respetó cuando regresó, en su breve periodo, a la presidencia en 1876.
Fueron tantas las esperanzas que tenía puesta el gobierno en el proyecto de Hatch que, partiendo del inminente trazado del ramal ferroviario, el 22 de septiembre de 1875 habilitó el puerto de Barahona, decretando que el lugar estaba abierto al comercio de exportación. En vista de que Hatch incumplió con el plazo acordado, en 1878 el gobierno de González le concede un nuevo plazo de 9 meses (ver Welnel Darío Féliz “Historia de Barahona 1801-1900).
La verdad es que para esa fecha Davis Hatch no tenía capital y para salvarse de una ruina segura, su única posibilidad para poner en marcha su anhelado proyecto minero y ferroviario era la de asociarse con inversionistas nacionales y extranjeros. Cuando el costo de construir el ferrocarril Barahona-Neiba se hizo evidentemente imposible y dándose cuenta que no podía canalizar un volumen considerable de recursos humanos y financiero para la explotación de las minas de sal en Las Salinas, el señor Hatch decide olvidarse de su proyecto minero y ferroviario. Los planes de Davis Hatch fracasaron y la Compañía que había creado se disolvió.
Durante el Gobierno Provisional, establecido en Puerto Plata, en 1879, el general Gregorio Luperón, por consideraciones políticas y tal vez para redimir a Davis Hatch, asume el control de su proyecto ferroviario. El abril de 1880 en un discurso ante el Congreso, Luperón anuncia que el ferrocarril Barahona-Neyba «se realizaría en poco tiempo», esa promesa no llegó a cumplirse, dejándole esa responsabilidad al próximo gobierno que se instalaría el 1 de septiembre de ese año.
Casi un año después, el 12 de febrero de 1881, el contrato de explotación de las minas y la construcción de la vía ferroviaria otorgado a Davis Hatch, fue anulado por el presidente Fernando Arturo de Meriño.
En la cuarta y última parte hablaremos sobre otros proyectos ferroviarios y el papel asumido por la clase política y económica de Barahona.
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