Ese crimen debe investigarse a fondo



Por Ramón López Ynoa/Tomado de El Expreso del Sur

Aún es muy reciente el descubrimiento del asesinato vil de la profesora Lenny Féliz Féliz para que las autoridades judiciales y policiales hayan podido construír la versión real y oficial sobre el móvil, o los motivos, que pudieron inducir a sus asesinos a quitarle la vida que nadie tenía el derecho a quitarle.
Este infame y cruel crimen cometido en contra de quien vivió una vida de paz y de bienhechoras acciones personales, sociales y comunitarias, debe ser aclarado hasta al más mínimo detalle para que las verdaderas razones no queden ocultas en el velo de lo no investigado, ni para que otros posibles relacionados queden impune ante tan nefasto y horripilante acontecimiento.
Desde un principio hemos sido de opinión que la hipótesis de los celos profesionales alegada por el principal acusado no se sostiene con la supuesta participación de otros dos compañeros maestros amigos de la víctima, como tampoco otras posibles versiones que se han estado especulando.
Pudiera ser, pero no nos convence.
Como tampoco convence el hecho de que el crimen pudo ser planificado y llevado a cabo por una sola persona. Eso es, si no imposible, por lo menos difícil.
Si saber que la profesora Féliz Féliz fue asesinada a martillazos y a pedradas por tres compañeros suyos fue estremecedor en las fibras más íntimas de todos, no menos lo fue oír el dictamen de una jueza dejando en libertad a dos de los implicados en el asesinato.
Las autoridades judiciales deberían actuar con más comedimiento ante un caso que ha estremecido no sólo la sociedad dominicana, sino a todo el que ha conocido del mismo en otros países.
Repetimos, las versiones de las posibles causas no debieran inducir a las autoridades a que vayan cerrando y dando por hecho cosas que pueden no sean las verdaderas.
El caso debiera ser manejado con el criterio de “fase de investigación” para que el mismo sea aclarado a satisfacción de la sociedad.
Es su responsabilidad castigar este crimen y que los culpables le paguen a la sociedad en la misma medida de la magnitud del hecho cometido.
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